Yucatán se encuentra consolidándose como un Estado democrático de Derecho, que promueve, respeta y protege el pleno respeto de los derechos humanos y sus garantías. Palabras del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán en la firma del Convenio para establecer el Programa de Derechos Humanos de Yucatán

Martes, 9 de diciembre de 2014

Mérida, Yuc., a 09 de diciembre de 2014

Señoras y señores:

Como todos recordamos, el 10 de junio de 2011 tuvo lugar un suceso de relevancia histórica para el futuro de México. Evento, en el cual, estuvieron involucrados los tres Poderes de la Unión. En efecto, se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer el nuevo régimen constitucional de los derechos humanos.

Por su parte, gracias a la actitud constructiva y a la corresponsabilidad que prevalece entre los Poderes del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en Yucatán los derechos fundamentales tutelados por nuestro orden constitucional se han ampliado y fortalecido.

Yucatán se encuentra consolidándose como un Estado democrático de Derecho, que promueve, respeta y protege el pleno respeto de los derechos humanos y sus garantías. Y para alcanzar este elevado propósito, el Estado de Yucatán en su conjunto ha venido trabajando en el marco de protección de los derechos fundamentales de las personas.

En Yucatán no podemos ver a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de manera aislada a la reforma penal, y que está totalmente en vigor a nivel estatal. Juntas, ambas reformas, significan, la transformación integral de la actuación del Estado, el cual contempla a los derechos humanos en el centro de éste, y a los juicios orales como vía de acceso a la justicia para garantizar, de manera integral, los derechos fundamentales.

Con puntualidad, podemos hablar de una renovación de nuestro sistema jurídico. Debemos celebrarlo, pues la nueva situación constitucional que nos caracteriza, es producto de un intenso esfuerzo estatal en el cual, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, hemos participado activamente.

En cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, se estableció en la Constitución estatal la paridad de género para acceder a cargos legislativos, derivado de una iniciativa que envío el licenciado Rolando Zapata Bello, Gobernador Constitucional de Yucatán, al Congreso del Estado en marzo de este año.

Por su parte, hace unos cuantos días, se publicó el Decreto por el cual se declara la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, que pone en el centro de atención a la víctima, al respeto a sus derechos, la presunción de inocencia y la reparación del daño. Esta legislación procesal entrará en vigor en el Estado de Yucatán el 22 de septiembre de 2015, de acuerdo con lo dispuesto por la legislatura estatal.

La nueva realidad constitucional es un esfuerzo de Estado y como tal, con esa estatura y relevancia debemos aplicarla. De manera destacada, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán ha participado con esfuerzos importantes.

A su vez, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representó un gran paso para México. Ese reconocimiento junto con las obligaciones establecidas en materia de control de convencionalidad para los juzgadores nacionales, ha significado en la práctica favorecer el mayor ámbito de protección de las personas.

En el ánimo del Estado Mexicano de ratificar el indeclinable compromiso con la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, el pasado 30 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018.

Este convenio entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y la Comisión de los Derechos Humanos, obedece a la voluntad del Estado de Yucatán en su conjunto, de generar el Programa de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Ese es el deseo de suscribir este Convenio multilateral de colaboración que tiene por objeto establecer las bases para diseñar y elaborar el Programa de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, así como planear, ejecutar, evaluar y controlar las acciones necesarias para su implementación.

Este Programa Estatal, a nuestro modo de ver, se distinguirá por cinco características:

Primera: promueve una articulación eficaz. Los derechos humanos son una responsabilidad compartida entre los Poderes del Estado, los organismos autónomos, los Municipios y la sociedad civil. Se crea un órgano coordinador para unir esfuerzos aislados y conjuntarlos en una articulación eficaz.

Segunda característica: será un Programa con visión de Estado, que trascenderá el ámbito de la administración pública estatal. Este Programa involucrará a los tres Poderes, a los organismos autónomos y a los municipios, por eso se puede considerar una auténtica política de Estado, pero también involucrará a la sociedad civil.

Tercera característica: Contará con mecanismos de información y evaluación. Prevé un mecanismo que integre información sistematizada y transparente para la toma de decisiones. Asimismo, el Programa adoptará indicadores para medir los avances y el cumplimiento de los compromisos.

Cuarta característica: Coloca a los derechos humanos en el centro de la actuación del Estado. Congruente con el artículo primero constitucional, los derechos humanos constituyen un eje transversal que abarca a todas las autoridades del Estado de Yucatán. Con ello se pretende que en la actividad pública cotidiana exista una perspectiva de derechos.

Quinta característica: Formación permanente. Se prevén actividades de formación permanente dirigidos a servidores públicos estatales y municipales para que el trabajo que diariamente realizan, profesionalmente, sea a partir de una perspectiva de derechos humanos.

Señoras y señores: La defensa de los derechos humanos no es una moda. Por el contrario, los derechos fundamentales son una victoria histórica del pueblo de México y, como autoridades, tenemos el honor de velar por su estricto cumplimiento.

La observancia de la dignidad de las personas es un compromiso y no una prueba burocrática.

La dignidad humana es el requisito fundamental de la relación ideal entre el ciudadano y el poder. No son legalismos, son derechos fundamentales. Los esfuerzos que realicemos deben contribuir a esa transición de Yucatán a un Estado de Derechos.

Este Poder Judicial, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, y como integrante del Estado de Yucatán, hará lo que esté a su alcance para la implementación del Programa Estatal de Derechos Humanos, pues entendemos que los beneficiarios directos de esa postura somos todos los yucatecos.

El único interés que inspira al Poder Judicial a firmar este Convenio, es consolidar a Yucatán como un estado en el que se respetan los derechos humanos de las personas. En el marco del derecho interno, los juzgadores estatales, asumimos con entusiasmo nuestro papel como la primera línea de defensa de los derechos humanos de todas las personas en territorio estatal.

Queremos que, a partir de la firma de este Convenio, el lenguaje de los derechos humanos y el actuar desde una perspectiva de derechos, estén plenamente implantados en el inconsciente colectivo de la actuación pública estatal. Estamos seguros que el Programa de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, será un paso más en esa dirección. Muchas gracias. ________

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