Sentencias centradas en el respeto a los derechos humanos, piden a jueces yucatecos

Lunes, 25 de febrero de 2013

 

Sentencias centradas en el respeto a los derechos humanos, piden a jueces yucatecos

Mérida, Yucatán a 25 de febrero de 2013.- Las sentencias de los jueces deben estar centradas en el respeto a los derechos humanos, su cumplimiento debe ser nuestra guía, sólo así podremos transitar a un sistema de justicia que realmente tutela estos derechos, afirmó hoy aquí el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán  Dr. Marcos Alejandro Celis Quintal.

En la inauguración del curso avanzado para la implementación del control difuso de convencionalidad en el Estado de Yucatán “Hacia una política judicial de control de convencionalidad difusa”, para jueces y personal del Poder Judicial, el Magistrado Celis Quintal resaltó que  Yucatán tiene prisa en avanzar hacia mecanismos de tutela de los derechos humanos, en cuyo cumplimiento deben estar basadas las decisiones de los jueces, pero de una forma responsable, sin protagonismos que creen un caos o falta de certeza jurídica.

Los jueces del Poder Judicial del Estado de Yucatán “debemos tener como faro guía los derechos humanos en la constitución y Tratados Internacionales, pero solamente debemos desaplicar las normas cuando sean realmente contradictorias con éstos”, advirtió.

“Es decir, debemos privilegiar el principio de constitucionalidad de las propias normas jurídicas, darles ese beneficio de la duda y sólo cuando sean incompatibles con los convenios y tratados de derechos humanos proceder a desaplicarlas. De lo contrario caeríamos en falta de certeza jurídica provocando caos, por eso debemos aprender a usar correctamente estos mecanismos”, explicó.

Este curso, que durará hasta el 1 de marzo, es impartido por el Dr. Vittorio Corasaniti, director del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derecho Humanos (IIRESODH) y por el Dr. Victor Manuel Rodrígez Rescia, Presidente de este mismo Instituto. Ambos cuentan con una extensa trayectoria en materia de control de convencionalidad.

En el curso participan jueces y funcionarios del Poder Judicial y entre otros temas se tocarán las obligaciones internacionales de México de adecuar el derecho interno a los tratados internacionales de Derechos Humanos; los principios sobre responsabilidad internacional de los Estados y el cumplimiento de resoluciones internacionales,

El Presidente Celis Quintal recalcó que “los derecho humanos hoy en México son parte importante de la agenda judicial, estamos transitando de la etapa de hacer cumplir la Ley y ser responsables de la certeza jurídica del estado de derecho, a una etapa donde eso no es suficiente y se requiere dar paso a una tutela efectiva de los derechos humanos.

"Este es un tránsito que ya han dado países avanzados como España, Alemania, Estados Unidos, para privilegiar la protección de estos derechos por encima de cualquier trámite procesal, inclusive en esos países cuando se estudia la materia procesal se estudia desde la Carta Magna, qué derechos están involucrados en cada parte de ese proceso para hacerlos respetar”, señaló.

Recordó que desde el caso Radilla la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cualquier autoridad judicial puede desaplicar normas generales para proteger y tutelar los derechos humanos, privilegiando los contenidos de la Constitución y de los Tratados Internacionales, independientemente del contenido de la legislación.

“Pero  hay que ser muy responsables, no podemos creer que es un juguete nuevo que vamos a utilizar con creatividad y protagonismo desaplicando cualquier norma si tener en cuenta las consecuencias”, advirtió.

Al evento de inauguración asistieron Magistrados y Consejeros del Poder Judicial del Estado. El objetivo fundamental del mismo es capacitar a los jueces y operadores del sistema de  justicia de Yucatán para desarrollar instrumentos y metodologías que les permitan ejercer de manera general el control difuso de convencionalidad para instrumentar la nueva reforma que elevó los tratados de Derechos Humanos a rango constitucional federal.

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