Emiten auto de apertura a juicio oral en el caso del homicidio de un psiquiatra

martes, 29 de diciembre de 2015

Mérida, Yucatán a 29 de diciembre de 2015.- La autoridad judicial emitió auto de apertura a juicio oral en el caso de dos psiquiatras vinculados al homicidio de un colega y en la cual se acordó desahogar poco más de 220 pruebas, después de que el proceso  se suspendió en julio pasado, por revisiones de amparo.

Esto significa que, de no haber recursos de apelación o revisión en los próximos tres días, un Tribunal de Juicio oral determinará la fecha en que se llevará a cabo la audiencia de juicio oral para resolver la culpabilidad o inocencia de los dos acusados.

En la sala 3 del Centro de Justicia Oral de Mérida, el juez de control del primer distrito judicial del sistema penal acusatorio y oral del Poder Judicial del Estado, Luis Edwin Mugarte Guerrero, presidió la continuación de la audiencia intermedia que derivó en el auto de apertura a juicio oral.

El juez Mugarte Guerrero mencionó que se continuó con la audiencia intermedia ya que la autoridad federal no concedió los amparos promovidos por los acusados referente al auto de vinculación y medidas cautelares, decisiones judiciales que fueron tomadas con anterioridad en las audiencias respectivas a estas fases del proceso.

De esta forma el juez de control mencionó los medios de prueba que serán desahogadas ante el Tribunal de Juicio oral en turno, las cuales son: 51 testimoniales, 39 periciales, 46 documentales y las 26 pruebas materiales ofrecidas por la autoridad ministerial.

El representante legal de la parte coadyuvante se adhirió a los medios de prueba ofertados por los fiscales y ofreció 4 testimoniales para, en dado caso que se celebre, la audiencia de individualización de penas.

Por su parte, la defensa del acusado Pablo G.G., ofreció seis testimoniales, dos periciales y dos pruebas documentales y la defensa de Enrique L. G. ofreció 28 testimoniales, seis periciales, 13 documentales  y dos testimoniales y una documental para la audiencia de individualización de penas.

Los fiscales, al inicio de la audiencia intermedia, solicitaron que los acusados sean condenados, luego del juicio oral correspondiente, por el delito de homicidio calificado, teniendo las calificativas de premeditación, alevosía, ventaja y traición.

Además pidieron le sean impuesta a los acusados las penas privativa de libertad máxima, el pago por la reparación del daño en dos rubros, en el de resarcimiento  del daño moral y del perjuicio causado, esto por la cantidad de $68,000,407.00 y 3,425.35 por gastos funerarios, esto solicitado por el representante de la parte coadyuvante, y que le sean negados los beneficios, sean amonestados públicamente y la suspensión de sus derechos políticos.

Los acusados mantienen la medida cautelar de prisión preventiva que han tenido durante el proceso, las cuales vencerán el 17 y 18 de enero respectivamente, así como también les fue impuesta la medida cautelar de carácter real consistente en el embargo de dos predios y la inmovilización de una cuenta bancaria.

Al quedar firme el auto de apertura, después del tiempo que marca la ley para recurrir a un recurso,  será remitido al Tribunal de Juicio Oral en turno, quien conocerá del caso y con base en el desahogo de las pruebas que quedaron establecidas hoy emitirán una sentencia.

Los hechos que los fiscales acusaron ocurrieron en las últimas horas del día 15 de agosto y las primeras horas del 16 de agosto de año 2014, en un departamento rentado por Pablo G. G. uno de los  acusados, quien, con un arma blanca y en acuerdo con Enrique L. G.  privó de la vida a Felipe de J. T. P., posteriormente, el cuerpo de la víctima fue desmembrado.

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